Categoría: Boletines-SaraqLex

El Decreto Supremo N.° 035-2026-PCM, declara el Estado de Emergencia por 60 días calendario en varios distritos de provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali, debido a intensas precipitaciones pluviales que ocasionaron daños a la vida y salud de la población, viviendas, vías de comunicación e infraestructura pública. La medida permite la intervención inmediata de los gobiernos regionales y locales, coordinada por INDECI y con la participación de diversos ministerios, para ejecutar acciones de respuesta y rehabilitación, incluyendo la entrega de bienes y servicios donados bajo la Ley N.° 30498, como alimentos, medicinas, ropa, maquinaria y transporte, garantizando que las acciones tengan nexo directo con el evento y se adapten según las necesidades sobre el terreno, con financiamiento a cargo del presupuesto institucional sin recursos adicionales del Tesoro Público.

La Resolución Ministerial N° D000064-2026-MIDIS aprueba la Directiva que regula los subsidios económicos en el marco del Programa de Complementación Alimentaria (PCA), con el objetivo de establecer reglas claras para la asignación, uso y rendición de cuentas de los subsidios económicos destinados a los centros de atención del programa, especialmente en la modalidad de comedores y ollas comunes. La norma, emitida por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, se sustenta en el marco de la Ley N° 29792 y del Decreto Supremo N° 006-2016-MIDIS, y busca asegurar que los gobiernos locales, responsables de la ejecución del programa, utilicen los recursos de manera oportuna, transparente y exclusivamente para la compra de alimentos destinados a la preparación de raciones alimentarias (almuerzos) para la población beneficiaria. Asimismo, la directiva fortalece los mecanismos de gestión, control y supervisión del programa, que forma parte de las prestaciones sociales complementarias del Estado, contribuyendo a mejorar la atención alimentaria de personas en situación de vulnerabilidad y a optimizar la gestión de los recursos públicos destinados a la seguridad alimentaria.

El Decreto Supremo N° 010-2026-RE modifica el Anexo B: Cuotas Internacionales para el Año Fiscal 2026 de la Ley N° 32153, con el objetivo de redistribuir los montos destinados al pago de cuotas que el Estado peruano realiza a organismos internacionales. La norma dispone reducir el monto asignado al Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico y aumentar el monto destinado a la Fundación Unión Europea – América Latina y el Caribe, debido a que durante el ejercicio fiscal 2026 corresponde efectuar un pago mayor al inicialmente previsto para esta última entidad, de acuerdo con la priorización de la política exterior del país. Asimismo, se establece que estos pagos se realizarán con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, financiados con recursos ordinarios y calculados según el tipo de cambio vigente al momento del pago. Con esta modificación se busca asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones internacionales del Perú, garantizando su participación activa en organismos multilaterales, la continuidad de la cooperación internacional y el fortalecimiento de la presencia y los intereses del país en el ámbito global.

La Resolución de Consejo Directivo N.° 040-2026-OS/CD del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería aprueba medidas excepcionales y transitorias destinadas a facilitar el abastecimiento de combustibles durante la situación de emergencia del suministro de gas natural declarada mediante la Resolución Viceministerial N° 004-2026-MINEM/VMH. La norma establece disposiciones temporales que flexibilizan determinadas condiciones operativas vinculadas al transporte, almacenamiento e importación de combustibles, como el uso combinado de tractos y cisternas registrados por un mismo operador, el transporte de diésel en compartimentos autorizados para gasolinas o gasoholes, el uso de unidades de transporte con placas extranjeras para movilizar combustibles importados sin necesidad de inscripción previa en el Registro de Hidrocarburos, así como la posibilidad de que camiones cisterna de distribuidores de GLP a granel realicen actividades de transporte. Asimismo, se establecen excepciones para facilitar el almacenamiento y la importación de GLP por determinados agentes sin requerir nuevas inscripciones en el Registro de Hidrocarburos, siempre que se cumplan las condiciones técnicas, de seguridad y cobertura de seguros exigidas por la normativa vigente. Estas medidas tienen carácter temporal y se aplican únicamente durante la vigencia de la emergencia declarada, con el objetivo de asegurar la continuidad del abastecimiento energético y evitar interrupciones en la cadena de suministro de combustibles en el país.

El Decreto Supremo N.° 030-2026-EF autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 hasta por la suma de S/ 30 007 080,00, con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Salud, a favor del Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, el Ministerio Público, el Instituto Nacional Penitenciario y veinticinco gobiernos regionales. La medida tiene como finalidad financiar el incremento en la valorización principal del personal de salud comprendido en los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N.° 1153, que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de salud al servicio del Estado, en cumplimiento de la Cláusula Tercera del Convenio Colectivo en el Nivel Descentralizado Ámbito Sectorial del Sector Salud 2025-2026 y en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley N.° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, estableciéndose además el procedimiento para la desagregación institucional de los recursos transferidos y la obligación de destinarlos exclusivamente a los fines autorizados.