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La Resolución Ministerial Nº D000009-2026-MINAM-DM, que aprueba la “Guía para la elaboración o actualización de las Estrategias Regionales de Diversidad Biológica”, busca orientar a los gobiernos regionales para que puedan planificar mejor cómo proteger y cuidar la flora, fauna y ecosistemas de sus territorios, promoviendo la conservación y el uso responsable de la biodiversidad. Esta guía sirve como una herramienta práctica para actualizar o crear estrategias regionales alineadas con la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2050 y con los compromisos internacionales del país, fortaleciendo la protección del medio ambiente, la lucha contra la pérdida de especies y el desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

La Resolución de Secretaría de Integridad Pública N.° 002-2026-PCM/SIP aprueba la Directiva N.° 001-2026-PCM/SIP, “Directiva para la implementación del Modelo de Integridad en las entidades del sector público”, con el objetivo de fortalecer la prevención y la lucha contra la corrupción en todas las entidades del Estado, estableciendo reglas claras para promover una gestión pública honesta, transparente y responsable, así como para organizar mejor la función de integridad dentro de cada institución, capacitar y certificar al personal encargado de esta labor, y asegurar que existan mecanismos efectivos para prevenir malas prácticas, conflictos de interés y actos indebidos; además, esta norma unifica y actualiza la regulación vigente al dejar sin efecto la Directiva N.° 002-2021-PCM/SIP y la Directiva N.° 001-2024-PCM/SIP, integrando sus disposiciones en un solo documento, lo que facilita su aplicación, ordena el marco normativo y refuerza el compromiso del Estado con una cultura de integridad, ética pública y confianza ciudadana en la administración pública.

El Decreto Legislativo incorpora oficialmente la innovación pública como uno de los fines del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, lo que significa que el Estado no solo debe modernizarse y simplificar sus procesos, sino también buscar nuevas formas creativas y eficientes de atender a la ciudadanía. En otras palabras, ahora las entidades públicas están llamadas a probar ideas nuevas, usar tecnología, mejorar sus servicios y diseñar soluciones más prácticas y económicas en sectores como salud, seguridad, educación, transporte, entre otros, para que los servicios del Estado sean más rápidos, útiles y de mejor calidad. Con esta norma se busca que el Estado innove, experimente y mejore continuamente, aumentando la satisfacción y la confianza de las personas, y generando más valor público a través de una gestión moderna, eficiente y centrada en el ciudadano.

Este Decreto Supremo aprueba el Reglamento de la Ley N.° 32392, Nueva Ley General de Turismo, que establece las reglas para aplicar la nueva normativa turística en el país. Es el documento que explica cómo se debe cumplir la ley y cómo deben actuar el Estado, las empresas y los demás actores del sector turismo. Su objetivo es ordenar y fortalecer la actividad turística para que sea más competitiva, sostenible y organizada, promoviendo el crecimiento económico y el desarrollo del turismo en todo el Perú. Con este reglamento se busca mejorar la calidad de los servicios turísticos, proteger a los turistas y fomentar un turismo responsable que beneficie a las comunidades.

El Ministerio de Economía y Finanzas aprobó los indicadores, procedimientos y reglas para aplicar el incentivo presupuestario 2026 dirigido a los gobiernos regionales y locales, cuyo objetivo es motivarlos a mejorar su capacidad para ejecutar proyectos de inversión pública. En palabras simples, esta norma establece cómo se medirá el desempeño de los gobiernos subnacionales, qué criterios se usarán para evaluarlos y cómo se asignarán los recursos económicos adicionales según los resultados que obtengan. Así, quienes gestionen mejor sus inversiones podrán acceder a más presupuesto. La medida busca promover una gestión más eficiente, ordenada y responsable del dinero público, asegurando que las obras y proyectos lleguen más rápido y con mayor calidad a la ciudadanía.

El Gobierno aprobó las reglas para el otorgamiento de la Bonificación por Escolaridad correspondiente al Año Fiscal 2026, estableciendo un monto de hasta S/ 400 que se entregará por única vez a los trabajadores y pensionistas del sector público que cumplan los requisitos. Este pago se realizará en enero de 2026 para la mayoría de beneficiarios, y en junio de 2026 para los profesores y auxiliares de educación contratados bajo la Ley de Reforma Magisterial. La norma precisa quiénes pueden recibir este beneficio, cómo se financia, qué condiciones deben cumplirse (como contar con al menos tres meses de servicio), y aclara que la bonificación no está sujeta a descuentos ni genera otros beneficios adicionales. Con ello, se busca apoyar los gastos escolares de las familias y asegurar que el pago se realice de manera ordenada, equitativa y transparente en todas las entidades públicas.

El Ministerio del Ambiente dispuso la publicación de un proyecto de lineamientos que orientará a las entidades públicas para que incluyan medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático en sus políticas, planes, programas y proyectos que no forman parte de los sistemas nacionales de planificación, inversión ni presupuesto. Con esta medida se busca que las acciones del Estado sean más responsables con el ambiente y ayuden a reducir los impactos del cambio climático de manera ordenada y coherente. Además, se invita a la ciudadanía, instituciones y especialistas a participar con sus opiniones y aportes durante un plazo de quince días, fortaleciendo así la transparencia y la participación en la construcción de normas que protegen nuestro futuro y el del planeta.

La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR precisó que, para el ciclo 2026, las entidades públicas deben seguir aplicando las disposiciones relacionadas con el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC), la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) y las reglas especiales para municipalidades, con la finalidad de no interrumpir el trabajo que ya vienen realizando desde el año 2025 en la planificación de sus programas de capacitación, asegurando así la continuidad del proceso, el orden administrativo y el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos para brindar mejores servicios a la ciudadanía.