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En el presente boletín contaremos con diversas normas publicadas el martes17 de marzo, entre ellas:
Confiamos en que este esfuerzo de difusión contribuya a una ciudadanía más informada y participativa.
La Resolución de Secretaría de Descentralización N.° 003-2026-PCM/SD: “Aprueban la Directiva N.º 002-2026-PCM-SD, Directiva que establece el procedimiento para la transferencia de infraestructuras, bienes muebles e inmuebles, equipos y otros instrumentos o activos desde los ministerios con competencias compartidas a los gobiernos regionales y locales, en el marco de la descentralización administrativa” establece un procedimiento claro y simplificado para que los ministerios puedan transferir bienes, infraestructura, equipos y otros recursos a los gobiernos regionales y locales, permitiendo que estos últimos cuenten con los medios necesarios para cumplir mejor sus funciones y brindar servicios a la ciudadanía. Además, la norma unifica y ordena los procesos de transferencia que antes estaban dispersos en múltiples directivas, las cuales ahora se derogan, facilitando una gestión más eficiente, coordinada y transparente entre los distintos niveles de gobierno, en el marco del proceso de descentralización del Estado.
La Resolución Jefatural N.° 072-2026-INEI: “Aprueban Índices Unificados de Precios de la Construcción para las trece (13) Áreas Geográficas correspondientes al mes de febrero de 2026” establece los valores actualizados que reflejan cómo han variado los costos de materiales, mano de obra, equipos y otros insumos utilizados en el sector construcción a nivel nacional, organizados en trece áreas geográficas que agrupan distintos departamentos del país. Estos índices sirven como una referencia oficial para calcular, ajustar o actualizar presupuestos de obras públicas y privadas, permitiendo conocer si los costos de construcción han subido o bajado en cada zona, lo cual contribuye a una mejor planificación de proyectos, mayor transparencia en la ejecución de obras y toma de decisiones más informadas tanto por parte del Estado como de las empresas y ciudadanos vinculados al sector.