Categoría: Boletines-SaraqLex

La Ley N.° 32716 crea el Registro Nacional de Precedentes, un sistema de acceso público y gratuito administrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, destinado a sistematizar, publicar y difundir los precedentes constitucionales, judiciales y administrativos emitidos por el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y los tribunales administrativos competentes. La norma tiene como finalidad fortalecer la seguridad jurídica, promover el acceso oportuno a los precedentes y facilitar su consulta por parte de operadores jurídicos, entidades públicas y ciudadanía en general mediante una plataforma digital permanentemente actualizada. Asimismo, establece la obligación de que las entidades emisoras remitan sus precedentes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para su publicación, dispone que el Poder Ejecutivo reglamente la ley en un plazo máximo de ciento veinte días calendario y ordena la remisión de los precedentes emitidos con anterioridad a la entrada en vigor de la norma dentro de los noventa días calendario siguientes.

El Decreto Supremo N.° 100-2026-PCM aprueba el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2026, con el propósito de fortalecer el proceso de descentralización mediante la transferencia progresiva y ordenada de funciones desde el Gobierno Nacional hacia los gobiernos subnacionales. El plan consolida las competencias que serán transferidas por dieciséis sectores del Poder Ejecutivo, estableciendo las acciones, cronogramas y mecanismos de coordinación necesarios para su implementación, con el fin de mejorar la gestión pública, fortalecer las capacidades institucionales y optimizar la prestación de servicios a la ciudadanía. Asimismo, la norma dispone que su ejecución se financie con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, y ordena su publicación en las plataformas digitales oficiales para garantizar el acceso a la información.

La Ley N.° 32683 modifica el artículo 59 de la Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, con el fin de fortalecer el acceso a las pensiones no contributivas para las personas con discapacidad severa que se encuentren en situación de pobreza, conforme a los criterios del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), y que no perciban una pensión del sector público o privado. La norma precisa las responsabilidades de las Direcciones de Salud, del Ministerio de Salud y del CONADIS en la certificación, registro y gestión de la información necesaria para el otorgamiento de este beneficio. Asimismo, dispone que el Poder Ejecutivo adecúe el reglamento correspondiente en un plazo de treinta días calendario y establece que su implementación será financiada con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sin generar recursos adicionales al Tesoro Público.

La Ley N.° 32679 modifica las Leyes N.os 32486, 32509, 32521, 32522 y 32557 con la finalidad de viabilizar la implementación, durante el Año Fiscal 2026, de las nuevas escalas remunerativas e incentivos económicos aprobados para los trabajadores de la SUNAFIL, el Poder Judicial, la SUNARP, COFOPRI y la Biblioteca Nacional del Perú. Para ello, establece excepciones a las restricciones previstas en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, autoriza modificaciones presupuestarias en el caso de COFOPRI y permite al Ministerio de Economía y Finanzas aprobar el monto y la escala del Incentivo Único – CAFAE para el personal de la Biblioteca Nacional del Perú. Con estas medidas, la norma busca garantizar la aplicación efectiva de los nuevos regímenes remunerativos y fortalecer la gestión del talento humano en las entidades públicas beneficiadas, asegurando su implementación dentro del marco presupuestal vigente.

La Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° D000054-2026-OFIS-PE aprueba el documento técnico denominado “Protocolo Base de Intercambio de Información entre entidades públicas que prestan servicios de protección social”, con el objetivo de establecer las reglas, procedimientos, responsabilidades y estándares mínimos para el intercambio seguro, ético e interoperable de información entre las entidades públicas que brindan servicios de protección social. La norma fortalece la articulación institucional para mejorar la identificación, seguimiento y atención de la población, especialmente en situaciones de emergencia, garantizando la protección de los datos personales y la correcta gestión de la información social en el marco del Sistema Nacional de Focalización (SINAFO). Asimismo, dispone que su implementación sea progresiva, conforme al Reglamento del Mecanismo de Intercambio de Información Social (MIIS), y ordena su difusión y aplicación por las entidades competentes.

La Resolución de Presidencia N.° D000128-2026-CONADIS-PRE modifica la Directiva para la creación, implementación y funcionamiento de los Registros Regionales y Municipales de la Persona con Discapacidad, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación de dichos registros a nivel nacional. La norma establece un procedimiento más detallado para el monitoreo de su implementación, incorporando reportes semestrales, acciones de asistencia técnica, reuniones de coordinación, seguimiento al cumplimiento de compromisos y medidas correctivas frente a incidencias o incumplimientos. Asimismo, actualiza los anexos de la directiva, incorporando nuevos formatos y herramientas operativas que buscan uniformizar la gestión de los registros, mejorar la coordinación entre el CONADIS y los gobiernos regionales y locales, y garantizar un adecuado registro e inclusión de las personas con discapacidad en el país.