Categoría: Boletines-SaraqLex

La Ley N.° 32643 modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y verificación para el aprovechamiento de especies forestales incluidas en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). La norma dispone que, antes de aprobar instrumentos de planificación para el aprovechamiento de estas especies, la Autoridad Administrativa CITES deberá verificar previamente la existencia de los especímenes y volúmenes declarados mediante inspecciones oculares, siguiendo una metodología que será aprobada por el SERFOR. Asimismo, establece que para las especies de caoba (Swietenia macrophylla) y cedro (Cedrela spp.) la verificación será obligatoriamente al cien por ciento, refuerza la supervisión a cargo del OSINFOR y garantiza la transparencia de los resultados de las verificaciones. Además, encarga al SERFOR aprobar la metodología correspondiente en un plazo de sesenta días hábiles y dispone que, mientras ello ocurra, todas las verificaciones de especies CITES se realicen de manera integral, con el fin de fortalecer la conservación, el aprovechamiento sostenible y la lucha contra el comercio ilegal de recursos forestales.

 El Decreto Supremo N.° 100-2026-EF aprueba una operación de endeudamiento externo por hasta US$ 26 millones con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), destinada a financiar parcialmente el proyecto de inversión “Mejoramiento de los servicios de comercialización de productos agrícolas para su expendio en mercados – MERCAGRO”, que será ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a través de AGRO RURAL. La medida busca fortalecer la comercialización de productos agrícolas, mejorar el acceso de los productores a mercados más competitivos y contribuir al desarrollo económico del sector agrario. Asimismo, establece las condiciones financieras del préstamo, los mecanismos para su ejecución y el compromiso del Estado de asumir el servicio de la deuda pública correspondiente, promoviendo inversiones orientadas a incrementar la productividad y competitividad de la agricultura nacional.

El Decreto Supremo N.° 090-2026-PCM modifica el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública para incorporar formalmente la innovación pública como uno de los medios del sistema, en concordancia con las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo N.° 1694; la norma establece que las entidades públicas deben promover soluciones innovadoras, experimentales, inclusivas y basadas en evidencia para atender problemas públicos y mejorar la calidad de los bienes y servicios que reciben los ciudadanos. Asimismo, fortalece el rol rector de la Secretaría de Gestión Pública, encargándole la capacitación y difusión de la normativa del sistema, y promueve la coordinación con entidades vinculadas a la ciencia, tecnología, producción y transformación digital, con el objetivo de impulsar una gestión pública más moderna, eficiente, colaborativa y orientada a generar valor público en beneficio de la ciudadanía.

La Resolución Ministerial N.° 223-2026-VIVIENDA aprueba la Directiva General N.° 007-2026-VIVIENDA-DM, que establece las disposiciones para la emisión de opiniones técnicas respecto de las solicitudes de financiamiento de actividades e inversiones vinculadas a los procesos de reducción del riesgo, reconstrucción, respuesta y rehabilitación ante desastres, a ser financiadas con recursos del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES); la norma tiene como finalidad uniformizar y fortalecer la evaluación técnica de las intervenciones de competencia del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, garantizando el cumplimiento de los criterios y requisitos establecidos en la normativa vigente. Asimismo, deroga la directiva aprobada en 2025, adecuando los procedimientos internos a las nuevas disposiciones reglamentarias del FONDES para optimizar la gestión de recursos destinados a la prevención, atención y recuperación frente a desastres naturales.

La Resolución Directoral N.° 0018-2026-EF/50.01 aprueba la nueva Directiva para el diseño e implementación de los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados, estableciendo lineamientos para que las entidades públicas formulen programas basados en evidencia, indicadores, metas y resultados concretos para la población; además, regula su implementación, articulación intergubernamental, seguimiento, revisión y rediseño, con el objetivo de mejorar la calidad del gasto público, optimizar la asignación de recursos y fortalecer una gestión presupuestaria más eficiente, transparente y orientada al logro de resultados.

El Decreto Supremo N.° 008-2026-TR adecúa diversos reglamentos laborales y del servicio civil a las disposiciones de la Ley N.° 32431, fortaleciendo la protección de los derechos laborales de las personas trabajadoras y servidoras públicas con diagnóstico de cáncer; la norma establece que será nulo el despido, cese o término de la relación laboral motivado por dicha condición de salud, su tratamiento o los efectos derivados, siempre que el empleador o entidad tenga conocimiento previo del diagnóstico. Asimismo, dispone la obligación de implementar medidas de adaptación laboral, como flexibilización de horarios, teletrabajo, adecuación de funciones o del entorno de trabajo, sin reducción de remuneraciones, con el fin de garantizar la continuidad laboral, la protección de la salud y el respeto de los derechos fundamentales de las personas con cáncer en los sectores público y privado.

El Decreto Supremo N.° 087-2026-PCM prorroga por sesenta días calendario, a partir del 5 de junio de 2026, el Estado de Emergencia en diversos distritos de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, debido al peligro inminente generado por intensas precipitaciones pluviales; la medida busca continuar con la ejecución de acciones de reducción del riesgo, respuesta y rehabilitación frente a los impactos ocasionados, incluyendo labores de limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, apoyo con maquinaria y asistencia al sector agrario. Asimismo, dispone la intervención articulada de los gobiernos regionales, gobiernos locales, INDECI y diversos sectores del Gobierno Nacional para atender a la población afectada y fortalecer las acciones preventivas y de recuperación, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

El Decreto Supremo N.° 009-2026-JUS aprueba la Clasificación Anticipada de los proyectos con características comunes o similares del Sector Justicia y Derechos Humanos, estableciendo de manera previa la categoría de evaluación ambiental aplicable a determinados proyectos de inversión, como establecimientos penitenciarios y centros juveniles, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); esta medida busca agilizar y dar mayor predictibilidad a los procedimientos de certificación ambiental, definiendo criterios según el nivel de impacto potencial de los proyectos y las características del entorno donde se desarrollan. Asimismo, la norma incorpora disposiciones para optimizar la gestión ambiental del sector, fortaleciendo la planificación, supervisión y sostenibilidad de las inversiones públicas y privadas vinculadas a los servicios de justicia y derechos humanos.

El Decreto Supremo N.° 007-2026-TR establece medidas laborales para garantizar la participación ciudadana en la segunda elección presidencial del 7 de junio de 2026, regulando beneficios y facilidades para los miembros de mesa y trabajadores de los sectores público y privado; la norma dispone días de descanso remunerado para quienes desempeñen funciones como miembros de mesa, mecanismos de compensación laboral, facilidades para trabajadores que deban desplazarse a lugares distintos a su centro de labores para ejercer su derecho al voto y periodos de tolerancia para quienes laboren el día de la elección. Asimismo, busca asegurar el ejercicio efectivo del sufragio y la adecuada participación en el proceso electoral, promoviendo el equilibrio entre las obligaciones laborales y los derechos ciudadanos.

La Resolución Ministerial N.° D000183-2026-MINAM aprueba la actualización del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector Ambiental 2024–2030, incorporando mejoras en los indicadores y mecanismos de seguimiento vinculados a la calidad ambiental y al cumplimiento de los objetivos estratégicos del sector; esta actualización busca fortalecer la planificación, monitoreo y evaluación de las políticas ambientales, alineando las acciones del Ministerio del Ambiente y sus organismos adscritos con los objetivos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Asimismo, la norma dispone la articulación de los planes institucionales del sector con el PESEM actualizado y encarga el seguimiento permanente de sus avances para contribuir a una gestión ambiental más eficiente, sostenible y orientada a resultados.