Categoría: Boletines-SaraqLex

La Resolución Ministerial N.° 273-2026-VIVIENDA aprueba las “Disposiciones para la elección, designación y conclusión del cargo de director, titular y suplente, de las Empresas Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal”, con la finalidad de fortalecer la transparencia, predictibilidad y eficiencia en la conformación de los directorios de las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS). La norma actualiza el procedimiento para la elección, designación, reelección y conclusión del cargo de director, precisa los requisitos, etapas y responsabilidades de las municipalidades provinciales, gobiernos regionales, sociedad civil y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y aprueba el Sistema de Registro y Designación de Directores de Empresas Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal (SIRDE-EPM) como plataforma virtual para gestionar dichos procesos. Asimismo, deroga la Resolución Ministerial N.° 143-2025-VIVIENDA, establece disposiciones transitorias para los procedimientos en trámite y busca fortalecer la gobernanza y la gestión de las EPS mediante reglas más
claras, uniformes y orientadas al mérito.

 La Resolución de Secretaría de Integridad Pública N.° 008 2026-PCM/SIP aprueba la Directiva N.° 003-2026-PCM/SIP “Directiva para el uso del Registro de Visitas en Línea y el Registro de Agendas Oficiales en las entidades públicas”, con el objetivo de fortalecer la integridad, transparencia y trazabilidad de las gestiones de intereses en la administración pública. La norma establece nuevas disposiciones para el uso del Registro de Visitas en Línea y del Registro de Agendas Oficiales, adecuando su funcionamiento al marco normativo vigente e incorporando las nuevas funcionalidades implementadas en ambas plataformas para estandarizar su aplicación en las entidades públicas. Asimismo, deja sin efecto la Directiva N.° 001-2022-PCM/SIP y su modificatoria, amplía la aplicación de la nueva directiva a las entidades comprendidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General y a las empresas del Estado, fortaleciendo los mecanismos de prevención de la corrupción, rendición de cuentas y publicidad de las actuaciones de los funcionarios con capacidad de decisión pública.

El Decreto Supremo N.° 107-2026-PCM aprueba cuatro procedimientos administrativos y un servicio prestado en exclusividad estandarizados del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, cuya tramitación corresponde a los gobiernos regionales, con el objetivo de garantizar una atención uniforme, simplificada y eficiente en todo el país. La norma establece formatos TUPA y Tablas ASME-VM de aplicación obligatoria, dispone que los gobiernos regionales incorporen estos procedimientos en sus respectivos TUPA dentro de un plazo máximo de sesenta días hábiles, promueve la reducción de la discrecionalidad, la eliminación de requisitos y formalidades innecesarias, la mejora de la calidad del servicio y la posibilidad de implementar condiciones más favorables, incluso mediante canales no presenciales. Asimismo, encarga al INDECOPI, la Contraloría General de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros la supervisión y fiscalización de su cumplimiento, fortaleciendo la modernización, la simplificación administrativa y la predictibilidad en los trámites del Sector Trabajo y Promoción del Empleo.

La Resolución de Secretaría N.° 010-2026-PCM-SGP aprueba los Lineamientos N.° 002-2026-PCM-SGP “Lineamientos para la evaluación ex post de las regulaciones vigentes en el marco de la mejora de la calidad regulatoria”, con el objetivo de establecer criterios y orientaciones para evaluar la eficacia, pertinencia e impacto de las normas vigentes mediante el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) Ex Post y el Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) Ex Post. La norma dispone su aplicación obligatoria para las entidades del Poder Ejecutivo con potestad normativa, promueve una evaluación progresiva basada en evidencia para identificar oportunidades de simplificación, modificación o derogación de regulaciones, fortalece la mejora continua de la producción normativa, fomenta la participación ciudadana y encarga a la Secretaría de Gestión Pública brindar asistencia técnica y supervisar la implementación de estos lineamientos, consolidando un sistema regulatorio más eficiente, transparente y orientado a resultados.

La Resolución de Consejo Directivo N.° 026-2026-SUNASS-CD modifica el Reglamento General de Fiscalización y Sanción de la SUNASS con el objetivo de actualizar y fortalecer el marco regulatorio aplicable a las funciones de fiscalización y potestad sancionadora sobre las empresas prestadoras de los servicios de agua potable y saneamiento. La norma adecúa el reglamento a las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo N.° 1620 y su reglamento, precisa las competencias de la Dirección de Fiscalización, incorpora nuevas definiciones, regula el procedimiento de verificación del compromiso de cese, establece nuevos criterios para la imposición de amonestaciones y multas, y actualiza las reglas sobre concurso de infracciones y medidas correctivas. Asimismo, modifica, incorpora y deroga diversas tipificaciones de infracciones y sanciones relacionadas con la calidad del servicio, la transparencia, el buen gobierno corporativo y las obligaciones de directores, gerentes y empresas prestadoras, con el propósito de fortalecer la seguridad jurídica, la predictibilidad y la eficiencia del sistema de fiscalización y sanción de la SUNASS.

El Decreto Supremo N.° 012-2026-EM modifica el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos con el objetivo de optimizar y agilizar los procedimientos de evaluación de los estudios ambientales y de los instrumentos de gestión ambiental complementarios. La norma simplifica los requisitos para la presentación de solicitudes, reduce los plazos para su admisión a trámite, establece un procedimiento más eficiente para la subsanación de observaciones y dispone que, cuando existan retrasos en la emisión de opiniones técnicas vinculantes, los titulares de las actividades de hidrocarburos puedan acceder de manera anticipada a las observaciones formuladas por las entidades competentes, sin afectar los plazos del procedimiento. Asimismo, incorpora mecanismos para impulsar el trámite administrativo, deroga el artículo 19-A del reglamento vigente y fortalece la predictibilidad, uniformidad y eficiencia de la certificación ambiental en el subsector hidrocarburos, alineando su regulación con las modificaciones introducidas al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA).

La Resolución Jefatural N.° D000105-2026-MIDAGRI-SENASA-JN autoriza a los laboratorios públicos y privados a prestar servicios de diagnóstico fitosanitario para la detección de diversas plagas, con el objetivo de ampliar la capacidad nacional de diagnóstico, fortalecer el control sanitario vegetal y atender de manera más oportuna las exigencias fitosanitarias vinculadas al comercio y la exportación de productos agrícolas. La norma establece los requisitos técnicos que deberán cumplir los laboratorios interesados, entre ellos la acreditación de buenas prácticas de laboratorio, el cumplimiento de la norma ISO/IEC 17025, la aprobación de auditorías técnicas y la participación satisfactoria en pruebas interlaboratorios realizadas por el SENASA. Asimismo, deja sin efecto la Resolución Jefatural N.° 0105-2023-MIDAGRI-SENASA, regula el otorgamiento y renovación de las autorizaciones mediante convenios de vigencia anual, delega facultades para su aprobación y dispone la creación de un registro actualizado de laboratorios autorizados, fortaleciendo la capacidad del país para prevenir y controlar plagas que afectan la sanidad vegetal y la competitividad del sector agrario.

El Decreto Supremo N.° 007-2026-MIDAGRI aprueba el Reglamento de la Ley N.° 31296, Ley de Promoción de la Cadena Productiva Ganadero-Lechera, con el objetivo de impulsar el desarrollo, competitividad y sostenibilidad de este sector mediante mecanismos de financiamiento, cooperación técnica, incentivos y modalidades de inversión que fortalezcan todos los eslabones de la cadena productiva. La norma establece disposiciones para promover la asociatividad de los productores, mejorar la calidad e inocuidad de la leche y los productos lácteos, fortalecer las capacidades técnicas, optimizar el potencial genético del ganado, facilitar el acceso a mercados y fomentar el desarrollo de infraestructura mediante Asociaciones Público-Privadas y otros mecanismos de inversión. Asimismo, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2031 la suspensión de las exigencias de las especificaciones microbiológicas previstas en el Reglamento de la Leche y Productos Lácteos y amplía el plazo para que las micro y pequeñas empresas y personas naturales obtengan la certificación sanitaria basada en el Sistema Integrado de Producción (SIP), permitiendo una adecuación progresiva a los estándares sanitarios bajo el acompañamiento técnico del MIDAGRI.

La Resolución Ministerial N.° 238-2026-PCM dispone la publicación del proyecto de Decreto Supremo que establece la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica de los actos y actuaciones administrativas emitidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), junto con su exposición de motivos, con el objetivo de recibir comentarios, aportes y opiniones de las entidades públicas, privadas y de la ciudadanía durante un plazo de quince días calendario. La propuesta busca fortalecer la modernización de la gestión pública, agilizar los procedimientos administrativos y garantizar una comunicación más rápida, segura y eficiente entre SERVIR y los administrados mediante el uso obligatorio de la casilla electrónica. Asimismo, se encarga a la Oficina General de Administración y Finanzas de SERVIR la recepción, procesamiento y sistematización de los aportes recibidos para su evaluación antes de la aprobación definitiva de la norma.

La Resolución Ministerial N.° D000209-2026-MINAM dispone la publicación del proyecto de “Lineamientos para la clasificación anticipada de proyectos de inversión en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA)” y del proyecto de resolución que los aprueba, con el objetivo de recibir comentarios y aportes de la ciudadanía durante un plazo de quince días calendario. La propuesta busca actualizar las disposiciones vigentes sobre la clasificación anticipada de proyectos de inversión, estableciendo criterios técnicos que permitan determinar de manera previa la categoría ambiental (DIA, EIA-sd o EIA-d) aplicable a proyectos con características similares, agilizando los procedimientos de certificación ambiental y fortaleciendo la eficiencia, uniformidad y predictibilidad del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Asimismo, se encarga a la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental la recepción, sistematización y análisis de las opiniones recibidas antes de la aprobación definitiva de los lineamientos.