En el presente boletín contaremos con diversas normas publicadas desde el sábado 18 de julio al lunes 20 de julio, entre ellas:
Confiamos en que este esfuerzo de difusión contribuya a una ciudadanía más informada y participativa.
La Resolución de Consejo Directivo N.° 026-2026-SUNASS-CD modifica el Reglamento General de Fiscalización y Sanción de la SUNASS con el objetivo de actualizar y fortalecer el marco regulatorio aplicable a las funciones de fiscalización y potestad sancionadora sobre las empresas prestadoras de los servicios de agua potable y saneamiento. La norma adecúa el reglamento a las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo N.° 1620 y su reglamento, precisa las competencias de la Dirección de Fiscalización, incorpora nuevas definiciones, regula el procedimiento de verificación del compromiso de cese, establece nuevos criterios para la imposición de amonestaciones y multas, y actualiza las reglas sobre concurso de infracciones y medidas correctivas. Asimismo, modifica, incorpora y deroga diversas tipificaciones de infracciones y sanciones relacionadas con la calidad del servicio, la transparencia, el buen gobierno corporativo y las obligaciones de directores, gerentes y empresas prestadoras, con el propósito de fortalecer la seguridad jurídica, la predictibilidad y la eficiencia del sistema de fiscalización y sanción de la SUNASS.
La Ley N.° 32732 aprueba medidas extraordinarias para fortalecer el financiamiento de inversiones públicas, garantizar la continuidad de los servicios del Estado y asegurar la transición democrática durante el Año Fiscal 2026. La norma autoriza la emisión interna de bonos soberanos hasta por S/ 1 260 millones para financiar proyectos de inversión, IOARR e intervenciones de reconstrucción en los tres niveles de gobierno, y aprueba un crédito suplementario por más de S/ 4 160 millones destinado a financiar proyectos de infraestructura, intervenciones de cierre de brechas, medidas remunerativas para docentes, bonificaciones extraordinarias al personal docente y auxiliar de educación, así como diversas acciones de los gobiernos nacional, regional y local. Asimismo, autoriza modificaciones presupuestarias excepcionales para acelerar la ejecución de inversiones, dispone la transferencia de S/ 300 millones de utilidades del FONAFE al Tesoro Público y establece medidas complementarias para fortalecer la gestión presupuestaria, educativa y la ejecución de proyectos prioritarios, contribuyendo a dinamizar la inversión pública y garantizar la continuidad de los servicios esenciales del Estado.
La Resolución de Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres N.° 002-2026-PCM/SGRD aprueba las “Orientaciones para la elaboración de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), registro y validación de información en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD)”, con el objetivo de fortalecer y uniformizar los procedimientos para la identificación, registro, validación y análisis de los daños ocasionados por emergencias o desastres. La norma establece criterios y orientaciones dirigidos a los gobiernos regionales, gobiernos locales y demás entidades públicas para la correcta elaboración de las evaluaciones rápidas, el empadronamiento de familias y medios de vida, el registro de información, la generación de códigos SINPAD y la validación de los datos, fortaleciendo la calidad y oportunidad de la información utilizada para la toma de decisiones. Asimismo, busca optimizar la planificación de la respuesta y rehabilitación frente a emergencias, mejorar la coordinación entre las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y garantizar una atención más eficiente a la población afectada.
La Resolución Ministerial N.° 269-2026-VIVIENDA dispone la publicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N.° 32379, Ley de la Vivienda de Interés Social (VIS), junto con el proyecto de reglamento y su exposición de motivos, con el objetivo de recibir comentarios, aportes y opiniones de la ciudadanía durante un plazo de quince días calendario. La propuesta busca desarrollar el marco normativo para la implementación de la Ley de la Vivienda de Interés Social, estableciendo las disposiciones que orientarán la promoción de este tipo de vivienda, priorizando el acceso a una vivienda digna, adecuada y segura para la población en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad social. Asimismo, se encarga a la Dirección de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la recepción, sistematización y análisis de los aportes recibidos, a fin de fortalecer el contenido del reglamento antes de su aprobación definitiva.
La Resolución Ministerial N.° 244-2026-PCM dispone la publicación del proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como de su exposición de motivos, con el objetivo de recibir comentarios, aportes y opiniones de las entidades públicas, privadas y de la ciudadanía durante un plazo de quince días calendario. La propuesta busca adecuar el reglamento a las modificaciones introducidas por la Ley N.° 32495, incorporando a las plataformas digitales de comercio electrónico dentro de la obligación de contar con un Libro de Reclamaciones físico o virtual y garantizar que los consumidores puedan acceder fácilmente a este mecanismo para la presentación de reclamos. Asimismo, se encarga a la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del INDECOPI la recepción, procesamiento y sistematización de los aportes recibidos, con la finalidad de fortalecer el proyecto normativo antes de su aprobación definitiva.
El Decreto Supremo N.° 140-2026-EF aprueba el nuevo Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1252, que regula el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI), con el objetivo de fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad de la inversión pública mediante la actualización integral de sus procesos, funciones e instrumentos. La norma precisa las competencias de los órganos del sistema, optimiza las fases del ciclo de inversión, desde la programación multianual hasta el funcionamiento de las inversiones, simplifica procedimientos, incorpora mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación, promueve el uso de metodologías como BIM y fortalece la articulación entre los tres niveles de gobierno para orientar las inversiones al cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos. Asimismo, deroga el Decreto Supremo N.° 284-2018-EF, estableciendo un nuevo marco reglamentario orientado a modernizar la gestión de las inversiones públicas, mejorar la toma de decisiones y generar mayor valor público en beneficio de la población.
La Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° D000199-2026-OECE-PRE formaliza la aprobación de la versión 2 de la Directiva N.° 011-2025-OECE-CD, que regula la supervisión de las instituciones arbitrales y de los centros de administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD), con el objetivo de fortalecer la transparencia, eficiencia y calidad de los mecanismos de solución de controversias en las contrataciones públicas. La actualización adecúa la directiva a las modificaciones introducidas por la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, incorporando mejoras derivadas del proceso de consulta pública y precisando los criterios, procedimientos y herramientas que empleará el OECE en el ejercicio de sus funciones de supervisión. Asimismo, dispone la publicación de la directiva y su anexo, consolidando un marco normativo orientado a garantizar una actuación uniforme, predecible y eficiente de las instituciones que administran arbitrajes y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas en el ámbito de la contratación pública.
