En el presente boletín contaremos con diversas normas publicadas el martes 21 de julio, entre ellas:
Confiamos en que este esfuerzo de difusión contribuya a una ciudadanía más informada y participativa.
La Resolución de Secretaría N.° 010-2026-PCM-SGP aprueba los Lineamientos N.° 002-2026-PCM-SGP “Lineamientos para la evaluación ex post de las regulaciones vigentes en el marco de la mejora de la calidad regulatoria”, con el objetivo de establecer criterios y orientaciones para evaluar la eficacia, pertinencia e impacto de las normas vigentes mediante el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) Ex Post y el Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) Ex Post. La norma dispone su aplicación obligatoria para las entidades del Poder Ejecutivo con potestad normativa, promueve una evaluación progresiva basada en evidencia para identificar oportunidades de simplificación, modificación o derogación de regulaciones, fortalece la mejora continua de la producción normativa, fomenta la participación ciudadana y encarga a la Secretaría de Gestión Pública brindar asistencia técnica y supervisar la implementación de estos lineamientos, consolidando un sistema regulatorio más eficiente, transparente y orientado a resultados.
El Decreto Supremo N.° 141-2026-EF autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 por S/ 14 904 083,00 a favor de 14 gobiernos locales, con cargo a los recursos del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), para financiar 28 intervenciones priorizadas por la Comisión Multisectorial del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES). La norma destina los recursos a la ejecución de 27 actividades de mitigación y fortalecimiento de la capacidad de respuesta frente a desastres, así como una Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR) de emergencia, con el propósito de reducir la vulnerabilidad de la población y mejorar la atención de emergencias. Asimismo, establece el procedimiento para la incorporación de los recursos en los presupuestos institucionales de las entidades beneficiarias, dispone que los fondos solo podrán ser utilizados para los fines autorizados y fortalece la capacidad de respuesta de los gobiernos locales frente a riesgos y desastres naturales.
