En el presente boletín contaremos con diversas normas publicadas el viernes 17 julio, entre ellas:
Confiamos en que este esfuerzo de difusión contribuya a una ciudadanía más informada y participativa.
El Decreto Supremo N.° 012-2026-EM modifica el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos con el objetivo de optimizar y agilizar los procedimientos de evaluación de los estudios ambientales y de los instrumentos de gestión ambiental complementarios. La norma simplifica los requisitos para la presentación de solicitudes, reduce los plazos para su admisión a trámite, establece un procedimiento más eficiente para la subsanación de observaciones y dispone que, cuando existan retrasos en la emisión de opiniones técnicas vinculantes, los titulares de las actividades de hidrocarburos puedan acceder de manera anticipada a las observaciones formuladas por las entidades competentes, sin afectar los plazos del procedimiento. Asimismo, incorpora mecanismos para impulsar el trámite administrativo, deroga el artículo 19-A del reglamento vigente y fortalece la predictibilidad, uniformidad y eficiencia de la certificación ambiental en el subsector hidrocarburos, alineando su regulación con las modificaciones introducidas al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA).
La Resolución Jefatural N.° 171-2026-INEI aprueba los Índices Unificados de Precios de la Construcción correspondientes al mes de junio de 2026 para las trece áreas geográficas del país, con base diciembre de 2025 = 100. Estos índices constituyen el referente oficial para la actualización de costos de obras públicas y privadas, al reflejar la variación de precios de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y demás insumos utilizados en el sector construcción. Asimismo, la norma precisa la distribución de las trece áreas geográficas que comprenden todos los departamentos del país y dispone la publicación de los índices oficiales, los cuales sirven como instrumento técnico para el reajuste de contratos de obra, valorizaciones, liquidaciones y demás procedimientos vinculados a la ejecución y supervisión de proyectos de construcción.
La Resolución Jefatural N.° 172-2026-INEI aprueba los Factores de Reajuste aplicables a las obras de edificación del sector privado correspondientes a las trece áreas geográficas del país para el período del 1 al 30 de junio de 2026, con el objetivo de actualizar el valor de las obras en ejecución conforme a la variación de los precios de los materiales, mano de obra y demás elementos que integran su costo. La norma establece los factores de reajuste para edificaciones de uno a cuatro pisos, tanto en estado de casco como terminadas, precisando que estos serán aplicables sobre el monto de obra ejecutada o el calendario de avance correspondiente, siempre que los contratos no contemplen una modalidad distinta de reajuste. Asimismo, regula los casos en los que dichos factores no resultan aplicables, dispone que los reajustes acumulen los factores aprobados por el INEI desde la fecha del presupuesto o contrato y mantiene la distribución de las trece áreas geográficas como referencia para su aplicación, contribuyendo a preservar el equilibrio económico de los contratos de construcción en el sector privado.
La Resolución de Contraloría N.° 375-2026-CG aprueba el “Saneamiento progresivo del espectro normativo del Sistema Nacional de Control”, con el objetivo de simplificar, actualizar y depurar el marco normativo que regula el control gubernamental y la gestión institucional de la Contraloría General de la República. Como resultado de una primera evaluación, la norma deja sin efecto diecisiete resoluciones, directivas, guías, manuales y otros documentos normativos que habían perdido vigencia, fueron reemplazados por disposiciones posteriores, resultaban inaplicables o habían cumplido la finalidad para la cual fueron emitidos. Asimismo, esta medida busca fortalecer la modernización de la gestión pública, mejorar la calidad regulatoria, reducir la dispersión normativa y consolidar un marco jurídico más claro, eficiente y coherente para el funcionamiento del Sistema Nacional de Control y el ejercicio del control gubernamental.
