En la actualidad, conocer nuestras leyes y derechos no debería ser una misión imposible. Sin embargo, cada vez que intentamos buscar una norma vigente, pareciera que nos metemos en un laberinto digital donde la información se esconde en mil rincones, y aunque la digitalización en nuestro país ya es un hecho, ¿Por qué es tan difícil acceder a algo que debería ser claro, público y para todos?

Encontrar una norma vigente en el Perú puede sentirse como una búsqueda del tesoro sin mapa. Tenemos portales oficiales y sistemas en línea que, en teoría, deberían acercarnos la información de forma clara. Pero la realidad es otra: muchas veces las normas no se actualizan a tiempo, no se suben al sistema o simplemente están dispersas en tantas plataformas que la búsqueda se vuelve una tarea para expertos.

Esto no solo afecta al ciudadano de a pie, que termina cansado de intentar entender qué ley lo protege o qué obligación le corresponde, sino también a muchos funcionarios públicos, que por falta de capacitación o por el enredo de la información, terminan aplicando normas que ya están derogadas. No es que no queramos informarnos, es que el camino para hacerlo se siente innecesariamente complejo, y siendo sinceros, es una tarea con la cual preferimos no lidiar.

Esto nos grita que necesitamos sistemas más simples, que hablen en lenguaje ciudadano y que nos den la tranquilidad de que la norma que estamos leyendo está vigente hoy, no el año pasado. También necesitamos que el Estado capacite a su propio personal y que motive a la gente a consultar las leyes de manera confiable. Porque el derecho a la información no se trata solo de que la ley se publique, sino de que sea accesible y entendible para todas y todos.

En conclusión, si queremos construir una ciudadanía informada y un Estado eficiente, el acceso a las normas y saber si estas están vigentes, derogadas o si hubo alguna modificación debe dejar de ser un privilegio para expertos. Hacer que las leyes sean fáciles de encontrar y comprender no es un lujo, es una obligación democrática con el pueblo. Un sistema claro, actualizado y amigable no solo evita confusiones, también nos acerca a un país más justo y participativo.