En el presente boletín contaremos con diversas normas publicadas el 10 de noviembre, entre ellas:
Confiamos en que este esfuerzo de difusión contribuya a una ciudadanía más informada y participativa.
Modifica el artículo 1 e incorpora los artículos 11 al 15 y disposiciones complementarias al Reglamento de la Ley N.° 29701, aprobado por Decreto Supremo N.° 002-2013-IN, para desarrollar las medidas previstas en la Ley N.° 32487. Regula el Registro Nacional de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, a cargo de la Policía Nacional del Perú, y las condiciones de acceso y protección de sus datos. Faculta a los gobiernos regionales y locales, según su competencia y disponibilidad presupuestal, a asignar temporalmente bienes para la seguridad ciudadana, con coordinación policial, mantenimiento y control patrimonial; asimismo, prevé la aprobación de procedimientos de supervisión del uso de dichos bienes. Reconoce la participación de las juntas acreditadas en audiencias públicas, planes de seguridad ciudadana y procesos de planeamiento; en la formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado, los gobiernos locales garantizan su participación. También permite establecer beneficios tributarios y no tributarios dentro de las competencias legales y por plazos limitados a la vigencia de la junta o permanencia de sus miembros. Su implementación se financia con los presupuestos institucionales, sin recursos adicionales del Tesoro Público.
Modifica el artículo 1 de la Resolución N.° 001-2025-PCM/SGRD, relativo al cronograma de simulacros y simulaciones para el período 2025-2027. La modificación suprime del cuadro correspondiente a 2026 la simulación ante sismo de gran magnitud programada para el 11 de noviembre de 2026, debido a la necesidad de priorizar recursos para la atención de emergencias y las actividades relacionadas con la visita del papa León XIV. El texto modificado consigna la Simulación Regional Multipeligro, dirigida a gobiernos regionales y locales, y la Simulación Nacional ante Desastre de Gran Magnitud, dirigida a sectores nacionales, ambas con fecha 1 de abril de 2026 y horario de 08:00 a 14:00 horas. La disposición se enmarca en las funciones de coordinación y preparación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y es aplicable al seguimiento del cronograma por las entidades integrantes.
Autoriza una Transferencia de Partidas hasta por S/ 289 795,00, con cargo a los Recursos Ordinarios del presupuesto institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros, a favor de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA), para financiar el inicio de sus operaciones en noviembre y diciembre de 2026. El monto comprende S/ 157 915,00 para personal y obligaciones sociales y S/ 131 880,00 para bienes y servicios, en el marco de la implementación del Decreto Legislativo N.° 1684. Los titulares de los pliegos habilitador y habilitado deben aprobar la desagregación programática mediante resolución dentro de los cinco días calendario de vigencia de la norma y remitir copia dentro de los cinco días calendario siguientes a su aprobación. Se dispone la elaboración de las notas de modificación presupuestaria correspondientes y se prohíbe destinar los recursos a fines distintos de los autorizados. La transferencia corresponde exclusivamente a los pliegos señalados y no constituye asignación presupuestaria a gobiernos locales.
Aprueba la Agenda Legislativa para el período anual de sesiones 2026-2027, que establece los temas y proyectos de ley prioritarios para su debate en las comisiones ordinarias y en el Pleno de la Cámara de Diputados. Comprende, entre otras materias, descentralización y funciones de los niveles de gobierno, administración del presupuesto público, modernización y transparencia estatal, seguridad ciudadana, ordenamiento territorial, gestión del riesgo de desastres, recursos hídricos, infraestructura, derechos sociales y transformación digital. La agenda orienta la priorización del trabajo parlamentario y permite identificar asuntos normativos de potencial incidencia en las competencias de gobiernos regionales y locales. Su aprobación no crea por sí misma obligaciones ni modificaciones legales para las entidades públicas, y tampoco limita la iniciativa legislativa ni la tramitación preferente de proyectos del Poder Ejecutivo remitidos con carácter de urgencia.
