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En el presente boletín contaremos con diversas normas publicadas desde el sábado 24 de enero al lunes 26 de enero del 2026, entre ellas:
1. DECRETO LEGISLATIVO N° 1699
2. DECRETO LEGISLATIVO N° 1700
3. DECRETO LEGISLATIVO N° 1701
4. DECRETO LEGISLATIVO N° 1702
5. DECRETO LEGISLATIVO N° 1703
6. DECRETO LEGISLATIVO N° 1704
7. DECRETO SUPREMO N° 001-2026-PRODUCE
8. DECRETO SUPREMO N° 002-2026-PRODUCE
9. RESOLUCION N° 000015-2026-SERVIR-PE
10. RESOLUCION DIRECTORAL N° 041-2026-PRODUCE/PROINNOVATE
Confiamos en que este esfuerzo de difusión contribuya a una ciudadanía más informada y participativa.
Este Decreto Legislativo promueve la inversión privada en bienes públicos que forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación, así como en actividades y servicios culturales, con el objetivo de fortalecer su investigación, conservación, protección y puesta en valor, sin que pierdan su carácter de bien público ni su prioridad de interés general. En síntesis, busca que el Estado y el sector privado trabajen juntos para cuidar, recuperar y hacer más accesibles nuestros sitios culturales, museos, monumentos y servicios culturales, garantizando siempre su protección. Además, establece que el Ministerio de Cultura supervisará estas inversiones, fija criterios para que sean sostenibles y respetuosas de la identidad cultural, permite usar mecanismos como las Asociaciones Público-Privadas, y deroga la Ley N.° 29164 para unificar todo en un solo marco legal, apuntando a una gestión cultural más moderna, descentralizada y con mayores recursos para preservar nuestro patrimonio.
El Decreto Legislativo N.° 1700 modifica la Ley N.° 30096, Ley de Delitos Informáticos, para crear un nuevo delito que sanciona la compra, venta, posesión, intercambio o tráfico de datos informáticos, bases de datos y credenciales de acceso obtenidos de manera ilegal, es decir, sin autorización del titular o mediante el hackeo de sistemas, con el objetivo de proteger la información personal de las personas y fortalecer la seguridad digital en el país. En términos simples, esta norma busca castigar con penas más severas a quienes negocian o comercian con datos robados, como información personal, cuentas, contraseñas o bases de datos, porque estas prácticas ponen en riesgo la privacidad, facilitan estafas, extorsiones y otros delitos, y afectan la confianza en el uso de la tecnología, reforzando así la ciberseguridad y el derecho de cada persona a decidir sobre el uso de su información personal.
El Decreto Legislativo N.° 1701 modifica el Decreto Legislativo N.° 1059, Ley General de Sanidad Agraria, para otorgar al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) la función de dictar normas y supervisar obligatoriamente la salud de los perros y gatos en situación de abandono, siguiendo estándares y recomendaciones nacionales e internacionales, con el objetivo de fortalecer su protección y bienestar, reconociéndolos como seres sensibles que merecen un trato adecuado. En términos simples, esta norma busca que el Estado, a través del SENASA, tenga un rol más activo en el cuidado sanitario de los animales abandonados, asegurando mejores condiciones de salud, prevención de enfermedades y control sanitario, sin interferir con las competencias de otras entidades, y promoviendo una gestión más ordenada y responsable de la protección animal en el país.
El Decreto Legislativo N.° 1702 modifica el Decreto Legislativo N.° 1612 para fortalecer el trabajo del Organismo de Focalización e Información Social (OFIS) incorporando el Padrón Nominal de la población menor de seis años como una herramienta clave para el seguimiento de niñas y niños desde la gestación, permitiendo que los gobiernos locales identifiquen, registren y acompañen de manera continua su acceso a servicios de salud, identidad, nutrición, educación y protección social, usando información integrada de entidades como RENIEC, MINSA, MINEDU y el SIS, con el fin de detectar alertas tempranas, cerrar brechas de atención y asegurar que cada niño y niña reciba los servicios que le corresponden a tiempo, promoviendo una gestión más organizada, preventiva y articulada del Estado en favor de la primera infancia y su desarrollo integral.
El Decreto Legislativo N.° 1703 crea la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (SUNADEP) como un nuevo organismo encargado de garantizar que las personas de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad puedan acceder a orientación legal, defensa gratuita y patrocinio en todo el país, fortaleciendo y reorganizando los servicios que antes brindaba la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, promoviendo además la conciliación extrajudicial y otros mecanismos alternativos de solución de conflictos, supervisando la calidad de la defensa pública y articulando su trabajo con entidades como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer, especialmente en casos de violencia familiar, laboral y protección de derechos fundamentales, con el objetivo de que la justicia sea más cercana, ordenada, accesible y efectiva para quienes más lo necesitan.
El Decreto Legislativo N.° 1704 autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a declarar en emergencia el servicio público de transporte cuando se vea gravemente afectado por desastres naturales, daños en la infraestructura o situaciones de peligro que interrumpan la movilidad de las personas, con el fin de actuar de manera rápida y directa para restablecer carreteras, puentes, puertos, aeropuertos y demás vías de transporte, garantizando la seguridad de los usuarios y la continuidad de los servicios, permitiendo realizar contrataciones inmediatas, intervenir infraestructura pública incluso de gobiernos regionales y locales, gestionar predios de forma temporal si es necesario y ejecutar obras urgentes como asfaltado, señalización y medidas de seguridad, todo ello sin usar recursos adicionales del Estado, buscando que el transporte no se detenga, que las personas no queden aisladas y que la economía y los servicios básicos sigan funcionando aun en situaciones de emergencia.
El Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas tiene como finalidad reunir en un solo documento todas las disposiciones vigentes de la Ley General de Cooperativas, aprobada por el Decreto Legislativo N.° 85 y modificada por normas como el Decreto Legislativo N.° 141, el Decreto Legislativo N.° 592, la Ley N.° 30822 y la Ley N.° 32221, con el fin de ordenar, actualizar y facilitar su aplicación, garantizando un marco claro y coherente para la promoción, protección y desarrollo de las cooperativas como herramientas para el crecimiento económico, la inclusión social y el fortalecimiento de la democracia, sin crear nuevas obligaciones ni cambiar el contenido de la ley, sino únicamente sistematizarla en un texto único oficial bajo la competencia del Ministerio de la Producción (PRODUCE).
El Decreto Supremo N.° 002-2026-PRODUCE, que crea el Programa Nacional de Innovación y Desarrollo Productivo – PROINNÓVATE, establece un nuevo programa del Ministerio de la Producción que busca fortalecer la innovación, el desarrollo productivo, el emprendimiento y el uso de tecnología en el país, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), mediante la fusión del antiguo PROINNOVATE, con el objetivo de mejorar la competitividad, la productividad, la calidad del empleo y el crecimiento económico sostenible, facilitando el acceso a financiamiento, asistencia técnica, subvenciones, proyectos de innovación, transferencia tecnológica y articulación con el sector público, privado y la academia, promoviendo que las empresas sean más modernas, innovadoras y capaces de competir en mercados nacionales e internacionales, todo ello sin generar gasto adicional al Tesoro Público y bajo la conducción del Ministerio de la Producción.
La Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 000015-2026-SERVIR-PE, que institucionaliza el espacio “Diálogo Social para SERVIR”, crea un espacio permanente de diálogo entre SERVIR y las organizaciones sindicales, así como con los servidores públicos, para escuchar sus necesidades, opiniones y propuestas, y así mejorar las políticas y normas del servicio civil, fortaleciendo un sistema más justo, meritocrático, flexible y eficiente, que permita tener mejores condiciones laborales y, al mismo tiempo, ofrecer servicios públicos de mayor calidad a la ciudadanía, promoviendo la participación, la transparencia, la concertación y la mejora continua en la gestión de los recursos humanos del Estado.
La Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 041-2026-PRODUCE/PROINNOVATE, que aprueba el otorgamiento de subvenciones destinadas a cofinanciar proyectos en el marco del Contrato de Préstamo N.° 5287/OC-PE “Programa de Innovación, Modernización Tecnológica y Emprendimiento” y del Fondo MIPYME Emprendedor, autoriza a PROINNOVATE a entregar más de S/ 2.5 millones en subvenciones para apoyar proyectos de innovación, emprendimiento y modernización tecnológica en todo el país, beneficiando a personas naturales y empresas, especialmente MIPYMES, con el objetivo de impulsar nuevos negocios, fortalecer empresas existentes, promover la digitalización, mejorar la calidad de productos y servicios, fomentar la innovación empresarial y apoyar iniciativas vinculadas al cambio climático, contribuyendo así al crecimiento económico, la competitividad y la generación de más oportunidades de desarrollo productivo en el Perú.