En el presente boletín contaremos con diversas normas publicadas desde el sábado 4 al lunes 6 de julio, entre ellas:
Confiamos en que este esfuerzo de difusión contribuya a una ciudadanía más informada y participativa.
La Ley N.° 32716 crea el Registro Nacional de Precedentes, un sistema de acceso público y gratuito administrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, destinado a sistematizar, publicar y difundir los precedentes constitucionales, judiciales y administrativos emitidos por el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y los tribunales administrativos competentes. La norma tiene como finalidad fortalecer la seguridad jurídica, promover el acceso oportuno a los precedentes y facilitar su consulta por parte de operadores jurídicos, entidades públicas y ciudadanía en general mediante una plataforma digital permanentemente actualizada. Asimismo, establece la obligación de que las entidades emisoras remitan sus precedentes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para su publicación, dispone que el Poder Ejecutivo reglamente la ley en un plazo máximo de ciento veinte días calendario y ordena la remisión de los precedentes emitidos con anterioridad a la entrada en vigor de la norma dentro de los noventa días calendario siguientes.
La Ley N.° 32711 modifica la tercera disposición complementaria final de la Ley N.° 32387, con el fin de precisar el alcance de la moratoria de cinco años para la creación de municipios de centros poblados. La norma establece que dicha moratoria no será aplicable a los procedimientos que, al momento de la entrada en vigor de la ley, ya hubieran cumplido con todos los requisitos previstos en el artículo 129 de la Ley Orgánica de Municipalidades, permitiendo que estos continúen su trámite conforme a la normativa vigente. Con esta precisión se busca brindar seguridad jurídica a los procedimientos en curso, garantizando la continuidad de aquellos que ya habían alcanzado el cumplimiento de los requisitos legales antes del inicio de la moratoria.
La Ley N.° 32712 fomenta la colaboración entre los gobiernos regionales, los gobiernos locales, la Policía Nacional del Perú y la Autoridad Marítima Nacional, facultando a las entidades subnacionales para realizar gastos de inversión y gasto corriente destinados a fortalecer la capacidad operativa de estas instituciones mediante infraestructura, bienes y servicios, con excepción de la adquisición de armas y municiones. La norma dispone que dichas intervenciones se ejecuten en el marco de los planes y estrategias de seguridad ciudadana, mediante convenios que regulen las obligaciones, responsabilidades y el adecuado uso de los recursos públicos. Asimismo, autoriza inversiones a favor de la Autoridad Marítima Nacional para reforzar la seguridad en el mar, ríos y lagos navegables, modifica el régimen de articulación institucional de la Policía Nacional para facilitar la suscripción de convenios con los gobiernos subnacionales, deroga la normativa anterior sobre esta materia y establece disposiciones para la reglamentación e implementación del nuevo marco legal, fortaleciendo la cooperación interinstitucional en materia de seguridad ciudadana.
La Ley N.° 32713 declara de interés nacional y necesidad pública la conformación del “Pacto por un Perú con Agua para Todos los Peruanos”, una iniciativa orientada a integrar políticas y planes que garanticen la disponibilidad, el acceso y el uso sostenible de los recursos hídricos, así como la adecuada prestación de los servicios de saneamiento. La norma promueve la participación articulada del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los gobiernos regionales y locales, junto con organizaciones de usuarios, gremios, colegios profesionales, universidades y demás actores de la sociedad civil, con el propósito de alcanzar consensos que contribuyan al desarrollo humano sostenible al año 2030. Asimismo, dispone que la elaboración del pacto se realice en concordancia con las normas e instrumentos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) y con las políticas nacionales vinculadas a la gestión de los recursos hídricos y el saneamiento.
La Resolución Ministerial N.° D000205-2026-MINAM dispone la publicación del proyecto de “Guía para la elaboración del Plan de Contingencias en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA)”, con la finalidad de establecer criterios técnicos que orienten la elaboración de los planes de contingencia que forman parte de los instrumentos de gestión ambiental de los proyectos de inversión sujetos al SEIA. La propuesta busca fortalecer la prevención, preparación y respuesta frente a situaciones de emergencia ambiental, promoviendo una gestión más uniforme de los riesgos y la adecuada protección del ambiente y la salud de la población. Asimismo, la norma establece un plazo de quince (15) días calendario para recibir comentarios, aportes y opiniones de la ciudadanía y de los actores interesados, encargando a la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental la recepción, sistematización y evaluación de las observaciones para la elaboración de la versión final de la guía.
La Resolución Ministerial N.° D000156-2026-MIDIS modifica la Resolución Ministerial N.° 215-2020-MIDIS para ampliar el alcance del Código de Ética y Conducta del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, incorporando expresamente a los Programas Nacionales y a los Organismos Públicos adscritos, entre ellos el Organismo de Focalización e Información Social (OFIS). La norma busca fortalecer la implementación del Modelo de Integridad y consolidar una cultura ética uniforme en todo el sector Desarrollo e Inclusión Social, promoviendo estándares comunes de conducta, transparencia y prevención de la corrupción. Asimismo, actualiza las referencias contenidas en el Código de Ética para garantizar su aplicación a todas las entidades comprendidas dentro del ámbito institucional del MIDIS, fortaleciendo la articulación de la Red de Integridad del sector.
La Resolución Ministerial N.° 249-2026-VIVIENDA dispone la publicación del proyecto de “Lineamientos para la Fusión entre Empresas Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Públicas”, con el propósito de establecer criterios técnicos y operativos que orienten los procesos de integración mediante fusión entre empresas prestadoras, promoviendo una gestión más eficiente y sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento. La propuesta desarrolla las disposiciones previstas en la normativa del sector para fortalecer la eficiencia empresarial, optimizar la prestación de los servicios y facilitar la implementación de procesos de integración institucional. Asimismo, la norma establece un plazo de quince (15) días calendario para recibir comentarios, aportes y opiniones de la ciudadanía, encargando a la Dirección de Saneamiento la recepción, sistematización y evaluación de las observaciones para la elaboración de la versión final de los lineamientos.
La Resolución de Contraloría N.° 345-2026-CG aprueba los Planes Anuales de Control 2026 de veinte (20) Órganos de Control Institucional (OCI) de entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, con el propósito de fortalecer la planificación y ejecución del control gubernamental conforme al Plan Nacional de Control 2026. La norma dispone que las unidades orgánicas de línea y los órganos desconcentrados de la Contraloría General de la República supervisen la ejecución de dichos planes y garanticen el cumplimiento de las metas de control programadas, promoviendo una fiscalización orientada a la gestión de riesgos, la transparencia, el uso eficiente de los recursos públicos y la mejora de la gestión institucional. Asimismo, establece la publicación de la resolución y su anexo en los medios oficiales para asegurar su difusión y cumplimiento.
La Ley N.° 32697 modifica la Ley General de la Persona con Discapacidad con el propósito de fortalecer la protección de los derechos de las personas con discapacidad, ampliar las medidas de apoyo a sus familias y cuidadores, e incorporar acciones orientadas a la prevención de las discapacidades. La norma extiende la protección del Estado a las personas de quienes dependen los beneficiarios y a las organizaciones que promueven su desarrollo e integración, dispone la implementación de servicios de información, orientación y atención en salud mental para las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, y promueve la creación de centros asistenciales especializados y albergues temporales bajo un enfoque de derechos. Asimismo, establece estrategias de prevención mediante la promoción de la salud física y mental, el asesoramiento genético, la atención integral durante el embarazo, parto, puerperio y del recién nacido, la lucha contra el consumo de sustancias adictivas y el control de la contaminación ambiental, disponiendo además la adecuación del reglamento de la Ley N.° 29973 en un plazo máximo de noventa días calendario.
La Ley N.° 32701 modifica el Decreto Legislativo N.° 776, Ley de Tributación Municipal, y la Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, para otorgar a las personas con discapacidad severa el beneficio de deducir cincuenta (50) UIT de la base imponible del impuesto predial, siempre que sean propietarias de un único predio destinado a su vivienda y sus ingresos brutos mensuales no excedan de una UIT. La norma incorpora este beneficio como un derecho específico dentro de la Ley General de la Persona con Discapacidad, dispone la adecuación de la normativa reglamentaria correspondiente por parte del Poder Ejecutivo y establece que la medida entrará en vigencia el 1 de enero de 2027, con una duración máxima de tres años, salvo que sea prorrogada conforme a las disposiciones del Código Tributario.
