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En el presente boletín contaremos con diversas normas publicadas el viernes 15 de mayo, entre ellas:
Confiamos en que este esfuerzo de difusión contribuya a una ciudadanía más informada y participativa.
El Decreto Supremo N.° 073-2026-PCM modifica las disposiciones sobre neutralidad de funcionarios, directivos y servidores públicos durante el periodo electoral 2026, ampliando su aplicación a las Elecciones Regionales y Municipales además de las Elecciones Generales; la norma refuerza las prohibiciones relacionadas con el uso de bienes y recursos públicos para favorecer candidaturas o realizar actividades proselitistas, incorpora referencias actualizadas a la normativa electoral vigente y dispone que las unidades encargadas de la función de integridad en las entidades públicas promuevan acciones para garantizar el cumplimiento del deber de neutralidad, buscando fortalecer la imparcialidad, la transparencia y la integridad en la actuación del Estado durante los procesos electorales.
La Resolución N.° 006-2026-PCM/SDOT modifica la Directiva para la realización de consultas poblacionales en acciones de demarcación territorial, incorporando disposiciones excepcionales aplicables a procesos de creación distrital declarados de interés nacional; esta medida permite que los gobiernos regionales puedan realizar consultas mediante recolección de firmas verificadas por el RENIEC, estableciendo criterios, procedimientos y mecanismos de control para garantizar la participación ciudadana, transparencia y validez del proceso; asimismo, busca facilitar la ejecución de acciones de organización territorial en ámbitos con condiciones geográficas o logísticas especiales, fortaleciendo la gestión y ordenamiento territorial en el país.
La Resolución Ministerial N.° 223-2026-EF/15 aprueba el listado de gobiernos locales sujetos a medidas correctivas por incumplimientos relacionados con las reglas fiscales y obligaciones establecidas en el marco de responsabilidad y transparencia fiscal; esta medida alcanza a ciento trece gobiernos locales que incumplieron disposiciones vinculadas a sostenibilidad fiscal, presentación de información o compromisos de ajuste fiscal, y busca fortalecer una gestión financiera responsable, promover el uso adecuado de los recursos públicos y asegurar el cumplimiento de criterios de disciplina y transparencia en la administración pública descentralizada.