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En el presente boletu00edn contaremos con diversas normas publicadas el martes 28 de abril, entre ellas:
Confiamos en que este esfuerzo de difusiu00f3n contribuya a una ciudadanu00eda mu00e1s informada y participativa.
La Resolución de Secretaría de Gestión Pública N.° 002-2026-PCM-SGP aprueba una guía práctica para fortalecer la consulta pública en la elaboración de normas, promoviendo que las entidades del Estado recojan opiniones, aportes y propuestas de la ciudadanía desde etapas tempranas del proceso regulatorio; esta medida busca mejorar la calidad de las normas, fortalecer la transparencia, reducir cargas administrativas innecesarias y hacer que las decisiones públicas respondan mejor a las necesidades de la población, en el marco de la modernización del Estado y la mejora de la calidad regulatoria.
La Resolución Directoral N.° 00016-2026-EF/54.01 modifica la Directiva para la gestión de la compra corporativa facultativa con el objetivo de optimizar los procedimientos mediante los cuales varias entidades públicas pueden realizar compras conjuntas de bienes y servicios, adecuándolos a los cambios de la Ley General de Contrataciones Públicas; esta actualización busca hacer más eficientes, ordenadas y transparentes las adquisiciones del Estado, mejorar la planificación y coordinación entre entidades, y permitir mejores condiciones de compra para el sector público, fortaleciendo la gestión del abastecimiento público.
El Decreto Supremo N.° 005-2026-JUS modifica el reglamento del Decreto Legislativo N.° 1326 para adecuarlo a cambios legales vinculados al sistema de defensa jurídica del Estado, fortaleciendo la autonomía del Poder Legislativo, Poder Judicial y organismos constitucionales autónomos en la designación de procuradores públicos, sin dejar de mantener la rectoría y lineamientos de la Procuraduría General del Estado; asimismo, la norma busca modernizar y dar mayor claridad al funcionamiento del sistema, precisando reglas sobre designación, dependencia funcional y cese de procuradores, para fortalecer una defensa jurídica estatal más eficiente, coherente y articulada.
La Resolución Ministerial N.° 166-2026-JUS autoriza la realización de la XXXVIII Convención de Representantes de las Oficinas de Asesoría Jurídica y Gerencias Legales del sector público, orientada a reflexionar sobre la conservación del acto administrativo como herramienta para fortalecer la eficiencia estatal y la promoción del interés público; este evento busca generar espacios de articulación, intercambio de experiencias y fortalecimiento técnico entre las áreas legales del Estado, contribuyendo a una mejor aplicación del ordenamiento jurídico y a una gestión pública más coherente y eficiente.
La Resolución Ministerial N.° 000214-2026-MIMP aprueba una estrategia para implementar adecuadamente el sistema de apoyos y salvaguardias para que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones, promoviendo que tomen decisiones con los apoyos que requieran y con respeto a su voluntad y derechos; además, establece una ruta de acción articulada entre entidades públicas para fortalecer este sistema en todo el país, impulsando una mayor inclusión, autonomía y protección de derechos sin generar gastos adicionales al Estado.
La Resolución N.° 0027-2026/SBN aprueba el listado de entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, identificando y organizando a más de cinco mil entidades de los niveles nacional, regional y local que forman parte de este sistema; esta medida busca fortalecer una administración más ordenada, eficiente y actualizada de los bienes estatales, mejorar la gestión de la información sobre predios públicos y brindar mayor claridad sobre las entidades involucradas en el sistema, en el marco del fortalecimiento de la gestión patrimonial del Estado.
El Acuerdo de Junta N.° 001-2026/002-JR-FONAFE aprueba la Política de Propiedad de Empresas del Estado, un instrumento orientado a establecer criterios y lineamientos para fortalecer la conducción, supervisión y gestión de las empresas estatales bajo estándares de buen gobierno corporativo, eficiencia y transparencia; esta medida busca mejorar el rol del Estado como propietario, promover una gestión más responsable y estratégica de estas empresas, y contribuir a que generen mayor valor público en beneficio de la ciudadanía.